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Su origen se remonta a 1463, lo que hace de las Juntas Generales de Álava uno de los parlamentos más antiguos de Europa. Tras su abolición en 1876, en 1979 fueron reinstauradas como un verdadero parlamento moderno, democrático y representativo.

Los historiadores han determinado como origen de nuestra institución a la Hermandad provincial de Álava. Las villas y concejos alaveses se agrupaban en hermandades -para la defensa del orden público y contra los malhechores–, como dice el escudo de la provincia, hasta que en 1463 todas estas hermandades se reunieron en Rivabellosa para redactar el conocido ‘Cuaderno de Leyes y Ordenanzas de la Hermandad Provincial de Álava’. Aprobado por el rey Enrique IV, en sus páginas se diseñaba por primera vez una organización política y administrativa de la provincia:

• Establecía la composición de las Juntas Generales: cada hermandad elegía entre sus vecinos a uno o dos procuradores.
   
• Fijaba el calendario de reuniones: se celebrarían dos sesiones ordinarias al año. Una en mayo, en un lugar de las ‘Tierras Esparsas’ (fuera de Vitoria-Gasteiz), y otra en noviembre, en Vitoria-Gasteiz. Además, se podrían celebrar tantas reuniones extraordinarias como fueran necesarias.
   
• Determinaba las funciones de estas nuevas Juntas Generales de Álava:
   
  • Debían nombrar una Junta Particular, presidida por un diputado general. Este órgano era responsable de resolver cuestiones en los periodos en que no estuvieran reunidas las Juntas Generales, así como de velar por el respeto de los Fueros y privilegios de la provincia y por el cumplimiento de los acuerdos de las Juntas Generales, cuyas decisiones tenían carácter de ley. El diputado general presidía las Juntas Generales, a las que estaba subordinado.
     
  • Tenían competencias en materia de hacienda. Álava disponía de un régimen exento sobre los impuestos que la Corona imponía a otras provincias. Si lo estimaba oportuno contribuía mediante el llamado ‘Donativo Foral’.
     
  • Álava estaba también exenta de aportar hombres para las guerras que la Corona pudiera mantener en el exterior –aunque contaba con un cuerpo armado propio para la defensa del Territorio- y podía oponerse a leyes y decretos de la Monarquía que fueran en contra de los fueros mediante el llamado ‘Pase Foral’.
     

Estas ordenanzas, que fueron confirmadas por Carlos V, estuvieron vigentes hasta que la Ley de 21 de julio de 1876 –finalizada la guerra carlista- declaró abolidos los fueros y con ellos las Juntas Generales y las Diputaciones Forales.

Tras un siglo de ausencia, con la llegada de la democracia el 26 de enero de 1979 se publicaron los Reales Decretos por los que se reponían las diputaciones vascas y, como consecuencia, el 7 de mayo, se reconstituyeron en los tres territorios históricos las Juntas Generales.