Declaración Institucional de apoyo a la iniciativa ciudadana europea Right2Cure - www.jjggalava.eus

Mediante esta Declaración institucional las Juntas Generales de Álava/Araba quieren mostrar su apoyo y adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea RIGHT2CURE que aspira a recoger un millón de firmas en Europa para exigir a la Comisión Europea  la  puesta  en  marcha  de  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  los  derechos  de  propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra COVID -19. Al mismo tiempo, la Declaración exige la adopción de medidas para garantizar precios justos para los medicamentos.

En una situación de urgencia sanitaria como la provocada por la COVID-19, resulta fundamental garantizar un precio justo de los medicamentos para que sean accesibles para todas las personas que los necesiten.

Sin embargo, los futuros tratamientos y vacunas contra la COVID-19 pueden ser un ejemplo de cómo la exclusividad de comercialización y los monopolios se imponen a la garantía de acceso. Sirva como ejemplo el hecho de que los países enriquecidos, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo.

El Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos, ha sido rechazado por la industria farmacéutica. En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos. Por ejemplo, los acuerdos de licencia secretos de Gilead Sciences para el remdesivir, un medicamento desarrollado con una importante financiación pública, están restringidos a  unos pocos fabricantes de su elección impidiendo así el suministro a bajo costo a casi la mitad de la población mundial.

En la actualidad, los precios de los nuevos medicamentos son una verdadera hemorragia para el Sistema Nacional de Salud. En 2018, el gasto en farmacia hospitalaria superó los 6.600 millones de euros. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este gasto no ha parado de crecer en l os últimos años, ya que en 2013 se situaba en 2.300 millones de euros, casi tres veces menos. En Euskadi, sin ir más lejos, el gasto farmacéutico y sanitario (gasto hospitalario, gasto con receta y gasto sin receta) ascendió en 2017 a 1.104.861€, un 21,21% más que en 2014.

Gran parte de la investigación innovadora se hace en centros de investigación públicos, con financiación pública. En muchos casos, las empresas compran los resultados de esas investigaciones a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados a partir de dichos estudios. En no pocos casos, el precio es  10, 100 e incluso 1.000 veces más caro que el coste de fabricación e investigación. Y es que, la industria invierte un 16% en investigación, y gasta más de un 23% en marketing, influyendo en los y las profesionales de la salud para  que aumenten la prescripción de estos fármacos

Las compañías tienden a retirar los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos, forzando así a recetar los más caros. También generan que los sistemas de salud no puedan pagar y retrasen la aprobación de los nuevos tratamientos o que establezcan un racionamiento (solo para los casos más graves). Además, se reducen los recursos  para  otras  partidas  necesarias,  como  las  de  personal,  o  las  del  mantenimiento  y  renovación  de  los equipamientos y edificios sanitarios.

El precio excesivo de los nuevos medicamentos provoca que los gobiernos pongan copagos a las y los pensionistas y quiten la  financiación pública a  muchos  medicamentos útiles. Más  de  1.400.000 personas no  pudieron comprarlas medicinas que les habían recetado en la sanidad pública en 2018 en el Estado español.

La causa de los altos precios de los nuevos medicamentos es el monopolio de las patentes y otras exclusividades, que permiten a las empresas imponer su precio. El monopolio de 20 años se concede para que la empresa recupere en ese periodo los costes de investigación. La realidad es que las farmacéuticas recuperan esos costes mucho antes (en uno, dos o tres años), debido al altísimo margen de beneficios que asignan a los medicamentos. Y ello porque no existe ninguna norma que regule estos vínculos económicos por parte de las administraciones públicas.

En la actualidad, la compra de productos farmacéuticos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, no existe una normativa especial. En otras palabras, la adquisición de productos farmacéuticos se rige por la misma legislación que regula cualquier contrato de suministros. Además, y pese a que existe la obligación de difundir los precios unitarios a los que se adquieren los fármacos, lo normal es que se oculte el precio real que se paga. Los acuerdos de confidencialidad con las compañías farmacéuticas impiden que las administraciones públicas difundan los precios negociados con los laboratorios.

Esta tendencia pone en riesgo el derecho a la salud y la atención sanitaria, generando dificultades de acceso a los medicamentos y tensionando la estabilidad financiera de los sistemas públicos de salud.

Frente a esta realidad, la presente Declaración propone reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, asegurando el acceso de la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Las Juntas Generales de Álava/Araba, mediante esta declaración:

• Apoyan la Iniciativa Ciudadana Europea RIGHT2CURE que demanda que los derechos de propiedad intelectual, incluidas  las  patentes,  no  dificulten  la  accesibilidad  o  la  disponibilidad  de  cualquier  futura  vacuna  o tratamiento para la COVID-19. Al mismo tiempo, exige la adopción de medidas legales que garanticen el acceso a los medicamentos a un precio justo.

 •   La Declaración pide evitar que la legislación de la UE sobre los datos y la exclusividad comercial limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros. De la misma forma, llama a introducir  obligaciones  legales  para  que  quienes  se  benefician  de  los  fondos  de  la  UE  compartan  lo s conocimientos, la propiedad intelectual y/o los datos relacionados con la tecnología sanitaria .

 •   También reclaman incorporar obligaciones legales en materia de transparencia de las contribuciones públicas y propone reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, asegurando el acceso de la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público.

 •   Exigen  al  Congreso  español  que  promueva  la  modificación  de  la  legislación  de  la  Unión  Europea,  y  su consiguiente transposición a la normativa española, para que ésta permita conocer a los Estados miembros y a la ciudadanía toda la información necesaria y requerida para la adecuada fijación de precios de los medicamentos; así como

 •   Muestran su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y reclama a la Comisión responsable de fijar los precios de los medicamentos en el Estado español y a todas las instituciones con responsabilidad en este ámbito que publiquen las actas y documentos que fijan el coste de los fármacos, así como los precios unitarios a los que se adquieren los medicamentos para la sanidad pública.

 •   Apoyan que la Comisión responsable de fijar los precios de los medicamentos en el Estado español utilice como criterio principal los costes reales de fabricación e investigación realizados por las empresas, garantizando que dichos precios sean accesibles para la ciudadanía y no pongan en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

•    De la misma forma, instan al Congreso de los Diputados a regular los pagos de los laboratorios a organizaciones y profesionales sanitarios, a que estos sean accesibles para la ciudadanía, y   a que establezca medidas para garantizar la regulación y máxima transparencia de los posibles conflictos de interés que puedan existir en el ámbito de la financiación de la formación y la divulgación sanitaria dentro del sistema público de s alud. Así mismo pide garantizar la disponibilidad de recursos públicos para la divulgación sanitaria a la ciudadanía.

 •   Por último, muestran su apoyo a la investigación clínica no comercial y a la formación sanitaria independiente con fondos públicos, y considera imprescindible promover la modificación de la normativa europea y española para que esto sea una realidad así como para la incorporación de medidas que aseguren en los precios de los medicamentos un retorno proporcional a la inversión pública realizada en la investigación. De la misma forma, reclama al Gobierno española la creación de una Red de Ensayos Clínicos No Comerciales del Sistema Nacional de Salud y defiende la modificación de la normativa de patentes.